Salta prepara protocolos y centros de alojamiento, pero enfrenta un sistema sobrecargado, comisarías con detenidos, falta de infraestructura especializada y una deuda pendiente en el abordaje de las adicciones.
Autoridades judiciales en el Senado salteño
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el 5 de septiembre, abre un nuevo escenario complejo para la Justicia y el Servicio Penitenciario salteño.
La normativa establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, pero su implementación encuentra a la provincia frente a varios desafíos pendientes: falta de infraestructura específica, superpoblación carcelaria y en dependencias policiales, jóvenes con consumos problemáticos y la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios capaces de abordar estas situaciones.
El tema fue analizado durante un plenario en la Cámara de Senadores de Salta, donde autoridades judiciales expusieron sobre las medidas que se están adoptando para adecuar el sistema al nuevo régimen.
El encuentro fue encabezado por el vicegobernador, Antonio Marocco, junto a los senadores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Esteban D’Andrea, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Leonor Minetti, Carlos Guitián, Luciano Elvira, Arnaldo Altamirano, Gonzalo Caro Dávalos, Rolando Guaimás, Roque Cornejo, Sergio Saldaño, Diego Cari, Dani Nolasco, Walter Cruz y Alejandra Navarro. Por la Corte de Justicia asistieron su presidenta, Teresa Ovejero; el juez de Corte, Pablo López Viñals y el secretario letrado, Martín Wierna.
Entre los principales puntos planteados aparece la necesidad de contar con centros de alojamiento adecuados para adolescentes que ingresen al sistema penal, además de equipos interdisciplinarios que permitan trabajar no solamente sobre la situación judicial de cada joven, sino también sobre su entorno familiar, educativo y social.
Las autoridades señalaron que se encuentran elaborando protocolos de actuación y trabajando en la adecuación de los centros de alojamiento. También indicaron que existe una articulación con el Ministerio de Salud Pública para establecer un esquema de contención y tratamiento destinado a jóvenes con adicciones y consumos problemáticos.
El desafío de recibir a más jóvenes en un sistema ya sobrecargado.
La discusión sobre el nuevo régimen llega en un momento en el que el sistema penitenciario y las dependencias policiales de la provincia enfrentan dificultades para alojar a las personas privadas de su libertad.
Las comisarías y alcaidías vienen soportando una importante presión por la cantidad de detenidos, una situación que obliga a buscar alternativas para evitar que las dependencias policiales continúen funcionando como lugares de alojamiento prolongado. Cabe recordar que el Comité para la Prevención de la Tortura detectó internos hasta en los baños de comisarías, de donde por cierto, se fugan con bastante facilidad.
El desafío de recibir a más jóvenes en un sistema ya sobrecargado.
La discusión sobre el nuevo régimen llega en un momento en el que el sistema penitenciario y las dependencias policiales de la provincia enfrentan dificultades para alojar a las personas privadas de su libertad.
Las comisarías y alcaidías vienen soportando una importante presión por la cantidad de detenidos, una situación que obliga a buscar alternativas para evitar que las dependencias policiales continúen funcionando como lugares de alojamiento prolongado. Cabe recordar que el Comité para la Prevención de la Tortura detectó internos hasta en los baños de comisarías, de donde por cierto, se fugan con bastante facilidad.
Más tobilleras para descomprimir las comisarías.
Otro de los anuncios realizados durante el plenario estuvo relacionado con el monitoreo electrónico. Ante las demoras de Nación, el Poder Judicial de Salta avanzará en la contratación de un servicio que permitirá ampliar de manera significativa la cantidad de dispositivos disponibles.
La provincia pasará de contar con 200 dispositivos de monitoreo electrónico a 600, es decir, 400 tobilleras adicionales.
El objetivo es fortalecer el uso de la prisión domiciliaria como alternativa procesal y reducir la cantidad de personas alojadas en comisarías y alcaidías, particularmente en el interior provincial.
La medida apunta a resolver una de las dificultades más inmediatas del sistema como lo es la falta de lugares de alojamiento para personas detenidas. Sin embargo, también expone la necesidad de que las distintas respuestas judiciales estén acompañadas por infraestructura y recursos suficientes.
Adicciones: uno de los problemas que el nuevo régimen deberá afrontar.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el tratamiento de los adolescentes vinculados con consumos problemáticos y adicciones, un asunto pendiente en la provincia aún antes de que se trate de menores que ingresan al mundo del delito.
Las autoridades judiciales señalaron que trabajan junto al Ministerio de Salud para generar mecanismos específicos de contención y tratamiento, aunque con la problemática que afecta a los menores en Salta ya debería estar funcionado y aceitado, pero el desafío será que esos dispositivos no queden limitados a una respuesta posterior al delito, sino que permitan intervenir antes.
En paralelo, en la Cámara Alta se encuentra en análisis un Programa Integral de Reinserción Social de Menores Condenados, impulsado por los senadores Navarro y Elvira. La iniciativa propone asistencia integral, capacitación técnico-laboral, contención psicológica y tratamiento interdisciplinario para adolescentes que hayan sido condenados.
Un régimen nuevo sobre un sistema que todavía tiene cuentas pendientes.
La llegada del nuevo Régimen Penal Juvenil pone a Salta frente a una transformación que va más allá de una modificación legislativa. Deberá contar con lugares adecuados para alojar adolescentes, personal especializado, programas de reinserción, atención de las adicciones y mecanismos de seguimiento, en un contexto donde el sistema de adultos todavía enfrenta problemas de sobrepoblación y falta de espacios.
Mientras se prepara la entrada en vigencia del nuevo régimen, la ampliación del monitoreo electrónico y las 400 nuevas tobilleras aparecen como una herramienta para descomprimir parte de la crítica situación actual.
El planteo busca que la respuesta frente a un delito cometido por un menor no se limite a la sanción penal. La formación y el acompañamiento aparecen como herramientas destinadas a reducir las posibilidades de reincidencia y favorecer la reinserción social.
