Papelón de Mendoza contra La Pampa. La provincia de Mendoza ha generado una gran polémica al incluir a las empresas mineras en su Registro Único de Empresas y Establecimientos. Con el fin de cobrarles un canon por el uso del agua. Esto ha desatado una gran controversia, ya que mientras se asegura el suministro de agua para la actividad minera. Se sigue negando a La Pampa su derecho al recurso hídrico del río Atuel.
Mendoza argumenta que la creación del canon busca preservar el recurso hídrico y regular su uso por parte de las empresas mineras. Sin embargo, este argumento se debilita cuando se considera que parte del agua destinada a las mineras proviene de la cuenca del río Atuel, un recurso compartido del cual La Pampa ha sido excluida durante décadas.
La decisión de Mendoza de abastecer a las mineras demuestra que el recurso existe, aunque su distribución responde a intereses económicos que priorizan a las empresas sobre los derechos de La Pampa y de las comunidades afectadas por la falta de acceso al agua.
En el último año, Mendoza ha autorizado al menos 34 proyectos mineros en la cuenca del río Colorado, que comparte con La Pampa. Los montos establecidos por Mendoza para las empresas mineras varían entre $285.120 y $53.460.000, según la etapa de explotación y la categoría metalífera.
Estos ingresos millonarios contrastan con la negativa de la provincia a garantizar siquiera un caudal ecológico mínimo para La Pampa, que podría mitigar los daños ambientales y sociales causados por la sequía del río Atuel.
La Pampa ha reclamado insistentemente ante instancias judiciales y políticas por un reparto justo del agua del río Atuel. Sin embargo, las resoluciones aún no han garantizado el acceso al recurso. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia obliga a Mendoza a entregar 3,2m3 por segundo de caudal permanente del río Atuel a La Pampa, pero este fallo no se ha cumplido.
La contradicción entre las acciones de Mendoza y su discurso sobre la sostenibilidad ambiental es evidente. Mientras se garantiza agua a la minería, un sector conocido por su alto impacto ambiental. Se niega este recurso a una provincia vecina que lo necesita para sostener ecosistemas y comunidades.