El Sindicato de Trabajadores Judiciales denunció una «deuda pendiente» con el gobierno, debido a los salarios congelados desde 2018, lo que ha generado pérdidas salariales que afectan directamente el bienestar de los trabajadores judiciales.
Según el gremio, el gobierno adeuda varios conceptos, incluyendo el suplemento remunerativo no bonificable de 2018, el 13% correspondiente a la pandemia de 2020, el 41% de noviembre y diciembre de 2023, y las recategorizaciones de 2024.
Esta denuncia se produce en un contexto de reclamos por parte de la Intersindical de gremios estatales, que exige la apertura de la negociación paritaria antes de febrero, debido a que los sueldos han quedado por debajo de la canasta básica familiar y el mínimo garantizado de 840 mil pesos es insuficiente.
La Intersindical ya había llevado adelante un paro en noviembre pasado, denunciando sueldos congelados y el achatamiento de la escala salarial. «Hay que tomar otras medidas para que nuestro salario nos alcance para sostener la canasta total, que está en un 1,3 millones», declaró un representante del gremio.
El Sindicato de Trabajadores Judiciales y la Intersindical mantienen una postura firme en su reclamo, exigiendo al gobierno que tome medidas para mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores judiciales y estatales.
