La decisión del Gobierno español de conceder un estatuto legal a cerca de medio millón de inmigrantes indocumentados ha suscitado una fuerte desaprobación en Bruselas.
La Comisión Europea tiene serias reservas sobre el anuncio del Gobierno español de que concederá un estatuto legal a unos 500.000 inmigrantes irregulares, según han declarado tres funcionarios de la UE, preocupados por la posibilidad de que entre en conflicto con la política actual de la Unión Europea.
La decisión se anunció a finales de enero y afecta a las personas que hayan entrado en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Para poder acogerse, los extranjeros indocumentados deben llevar viviendo en España al menos cinco meses, o haber pedido asilo antes de finales de 2025.
El nuevo decreto proporcionará a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar de España, para reforzar el objetivo del Gobierno de «crecimiento económico y cohesión social», según declaró entonces la ministra de Migración, Elma Saiz, a la radiotelevisión pública española ‘RTVE’. La medida del Gobierno de Pedro Sánchez ha suscitado la desaprobación de Bruselas.
«No está en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de migración», declaró uno de los responsables comunitarios. Otro señaló que una regularización masiva corre el riesgo de enviar un mensaje diferente al que la UE está comunicando actualmente fuera de Europa para disuadir de la migración irregular.
Según fuentes de Bruselas, una de las principales preocupaciones se refiere a la posibilidad de que, con su nuevo estatuto, los inmigrantes regularizados puedan viajar por Europa un máximo de 90 días cada 180 días. Lo que preocupa es que esto pueda dar lugar a que algunos intenten fijar su residencia en otros países de la UE sin permiso.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, intervendrá el martes por la tarde ante el Parlamento Europeo en un debate titulado ‘La política española de regularización a gran escala y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE’. Preguntado por la decisión adoptada por España en enero, Brunner no emitió juicio alguno y dijo que se trata de una responsabilidad nacional.
