19 personas, entre ellas varios exfuncionarios del Gobierno del presidente de Argentina Javier Milei y empresarios del sector farmacéutico, fueron procesadas por la Justicia.
Todos están acusados de integrar una presunta red de corrupción ligada a la compra de medicamentos con sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, una trama que, según el juez Sebastián Casanello, utilizó al organismo público como mecanismo de enriquecimiento ilícito mediante contrataciones irregulares.
Al menos media docena de exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei, entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fueron procesados este lunes 9 de febrero por la Justicia argentina, junto a otras trece personas, por conformar una red de corrupción vinculada a compras millonarias de medicamentos con sobreprecio.
El magistrado Sebastián Casanello procesó a los 19 imputados -entre los que también se encuentran dueños de laboratorios- bajo la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, tal como había solicitado el fiscal que llevó a cabo la investigación, Franco Picardi.
Causo ANDIS. La Agencia de Discapacidad, como «vía de enriquecimiento»
El juez consideró que la ANDIS «fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
Procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita
Buenos Aires, 9 febrero (NA) – El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, según se pudo confirmar.
Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.
El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.
En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Para Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Según el fallo del magistrado, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.
“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, sintetiza el fallo
