En las últimas horas, se dio a conocer que el juez federal Sebastián Casanello determinó el procesamiento a la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker y amigo del ex presidente de la Nación Alberto Fernández.
Sebastián Casanello, juez federal, tomó la decisión de procesar a la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker de Alberto Fernández por considerarla “partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública” y, a su vez, se le embargaron bienes y dinero.
En este sentido, dicho establecimiento (“Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.), fue señalado como “beneficiario de comisiones por $416.546.348,81”. Y así lo advirtió el fallo: “La existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un indicador del elevado nivel de riesgo”.
Asimismo, procesó al ex administrados general de la residencia presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, quien fuera acusado de “facilitar reiterados encuentros entre Martínez Sosa y Fernández, sin dejar constancia alguna” y, asimismo, “conociendo el plan criminal”.
Por último, resulta importante mencionar que el fiscal federal Carlos Rívolo explicó, a través del fallo que, “las personas jurídicas imputadas habrían obtenido beneficios indebidos en perjuicio del erario público, al tiempo que sus autoridades permitieron la actuación ilícita de sus dependientes sin implementar mecanismos de control o programas de integridad (compliance)”.
Además de la empresa de Martínez Sosa, el magistrado procesó como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Bachellier S.A., con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker S.A., por 851.650.603,17 pesos; TG Broker S.A., con 2.190.607.187,86 pesos; San Germán Seguros S.A., con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos; y San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., por 1.872.781.809,21 pesos. En los dos últimos casos, además, se les imputó el delito de cohecho activo, por presuntos pagos de sobornos.
También fue procesada San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, aunque únicamente por el delito de dádivas, con un embargo fijado en 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, el juez dictó la falta de mérito para la firma Levelar S.A., al considerar que no había elementos suficientes para procesarla ni para sobreseerla en esta etapa.
En paralelo, Casanello dispuso el procesamiento de Hugo Daniel Rodríguez, exadministrador de la Residencia Presidencial de Olivos. Al exfuncionario se le imputaron los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Sobre Rodríguez recayó un embargo de 787.997.801,56 pesos.
