El gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que suspenda una orden judicial para reinstaurar a los empleados del Departamento de Educación afectados por los despidos masivos que forman parte de su plan para desmantelar la agencia.
En la apelación de emergencia del Departamento de Justicia al máximo tribunal se indica que el juez federal de distrito, Myong Joun, con sede en Boston, excedió su autoridad el mes pasado cuando emitió una orden judicial preliminar que revocaba los despidos de casi 1.400 personas y ponía en pausa el plan general.
La orden de Joun ha bloqueado una de las mayores promesas de campaña del presidente republicano y, en los hechos, ha detenido el esfuerzo por desmantelar el departamento. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración apelaba.
El juez escribió que los despidos “probablemente paralizarán el departamento”.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió el viernes que Joun sustituía las preferencias políticas del gobierno de Trump con las suyas propias.
Los despidos contribuyen a implementar la “política de simplificación del departamento y eliminación de funciones discrecionales que, en opinión de la administración, es mejor dejar a los estados”, escribió Sauer.
También señaló que, en abril, la Corte Suprema decidió, con una votación de 5 a 4, bloquear la orden anterior de Joun que buscaba mantener en vigor las subvenciones de capacitación docente del Departamento de Educación.
El caso actual se relaciona con dos demandas consolidadas, según las cuales el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento de Educación.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthampton en Massachusetts junto con la Federación Estadounidense de Maestros y otros grupos educativos. La otra fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
En las demandas se argumenta que los despidos hicieron que el departamento no pudiera cumplir con las responsabilidades requeridas por el Congreso, como las obligaciones de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y hacer cumplir las leyes de derechos civiles.
Para Trump, el cierre del Departamento de Educación es una prioridad, aunque ha reconocido que solo el Congreso tiene la autoridad para hacerlo. Mientras tanto, el mandatario emitió una orden en marzo en la que ordenó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que lo desmantele “en la medida máxima apropiada y permitida por la ley”.
Trump dijo más tarde que las funciones del departamento se distribuirán entre otras agencias, sugiriendo que los créditos estudiantiles federales deberían ser gestionados por la Agencia Federal de Pequeños Negocios y que los programas relacionados con estudiantes con discapacidades serían absorbidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Esos cambios aún no han ocurrido.
El presidente argumenta que el Departamento de Educación ha sido tomado por liberales y no ha logrado impulsar mejoras en los rezagados puntajes académicos de la nación. Prometió “devolver la educación a los estados”.
Los opositores señalan que la educación básica, desde el jardín de infantes hasta el 12vo grado, ya está supervisada, en su mayoría, por los estados y las ciudades.
Los demócratas han criticado el presupuesto del Departamento de Educación del gobierno de Trump, que busca un recorte del 15% en el presupuesto, incluyendo un recorte de 4.500 millones de dólares en la financiación de la educación básica como parte de la reducción de la agencia.
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