Comunidades mapuches y tehuelches

Alrededor de 50 comunidades se reunieron en Jacobacci, después de dos años. El parlamento índigena se opone al cambio de la matriz productiva en la provincia. Luego de las deliberaciones, el encuentro elaboró un documento crítico sobre las políticas de la Nación y la provincia.
El nuevo werken del Parlamento, Hugo Aranea, dijo que el trawun -a diferencia de otros anteriores- fue “autogestionado”, es decir que se realizó sin ayuda oficial. Refirió que entre las cuestiones abordadas estuvo la reciente desactivación de la ley nacional 26.160 de relevamientos territoriales indígenas y la exigencia para que se ponga en vigencia en Río Negro la ley 2287/88. “que otras provincias no tienen y que hay que hacerla valer”.
Según comunicó el Parlamento, se trata de la “ley integral indígena”, y creen necesario recuperarla “ante el avance de una política de quita de derechos, de negación y de persecución”.
Entre otros instrumentos, la ley contempla un “registro de posesión indígena” para el reconocimiento de los territorios y también un “registro provincial de denuncias” sobre casos de avasallamiento a esos derechos. Aranea dijo que los registros deben ser instrumentados en el ámbito del Consejo de Comunidades Indígenas, que es un organismo mixto, con representación de las comunidades.
El documento final también manifestó una condena explícita a “la ofensiva de la ultra derecha mediante discursos y acciones racistas, negacionistas y homofóbicas, que incitan al odio, la persecución la destrucción de itrofilimongen (todas las vidas)”.
Señalaron que frente a esa tendencia que consideran impuesta desde el gobierno nacional, ven un “claro alineamiento” del gobierno provincial, con “leyes sancionadas (en Río Negro) que avanzan hacia la entrega y el saqueo del territorio, dándole seguridad jurídica a todos los proyectos extractivistas, megamineros, oleoductos, hidrógeno verde, uranio e inmobiliarios”.
Entendieron que la prioridad otorgada a esas actividades representa “un cambio de raíz en la matriz productiva” de la provincia, en perjuicio de la agricultura, la ganadería y el sector forestal.